La Coalición Víctimas de Stanford América Latina suplica ayuda a 71 Legisladores del Congreso de los Estados Unidos.

Latinoamericanos, víctimas del fraude piramidal perpetrado por R. Allen Stanford, representados por la Coalición Víctimas de Stanford América Latina; suplican ayuda a 71 Congresistas para recuperar sus ahorros que vilmente les fueron robados por este norteamericano,  con la complicidad de un grupo de inescrupulosos legisladores del Congreso de los EE.UU. , ante la inexplicable negligencia de las autoridades regulatorias estadounidenses y el silencio comprometedor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

Jaime R. Escalona, Líder de la Coalición, confirmó el envío de esta solicitud de ayuda humanitaria a los siguientes Congresistas:

27 Senadores

John Kerry, Richard G. Lugar, Christopher Dodd, David Vitter, Mary Landrieu, John Cornyn, Richard Shelby, Kay Bailey Hutchison, Johnny Isakson, Thad Conhran, Roger Wicker, Jeanne Shaheen,  Bob Corker,  Bill Nelson, Mark Pryor, Blanche Lincoln, Richard Burr, Robert Casey, Christopher Bond, Arleen Specter, Evan Bayh, Lamar Alexander,  Jeff Sessions, Jon Kyl, Robert Menéndez, Charles Schumer, y Garrett S. Richter.

44 Representantes

Bill Cassidy, Travis Childers, Lynn Woolsey, Charles Boustany Jr., Steve Scalice, Rodney Alexander, John Fleming, Kenny Marchant, Charlie Melancon, Allyson Schwartz, Gregg Harper,  Gene Taylor, Bennie Thompson, Dennis Kucinich,  Ciro Rodriguez, Ileana Ros-Lehtiner, Pete Sessions, Anh Cao, Ron Klein, Roy Blunt, Tim Murphy, Lamar Smith, John Boozman, Alcee Hastings, Jo Bonner, Pete Olson, Mike Coffman, John Duncan, Sue Myrick, William Delahunt, Tom Cole, John Hall, Blaine Luetkemeyer, Phil Gingrey, Lincoln Diaz Balart, Mario Diaz Balart, Tom Rooney, Elijah Cummings, Mike Rogers, Joe Wilson, Harold Rogers, Rush Holt, Brad Miller, y Tom Grady.

“Nos parece muy importante que 27 Senadores  y 44 Representantes tengan en sus manos un documento que les explique la dificilísima situación económica en que se encuentran miles de inocentes familias latinoamericanas, que por creer en la moral estadounidense y en la eficiencia de sus instituciones; hoy por este fraude perpetrado en los Estados Unidos por un norteamericano, se encuentran sin su dinero, en la miseria”, dijo Escalona.

Igualmente mencionó: “Sabemos que el apoyo de estos 71 honorables Congresistas han significado para las víctimas estadounidenses un valiosísimo y contundente soporte político, que les permitirá la pronta recuperación de su dinero. Igualdad de trato exigimos las víctimas de Stanford latinoamericanas”. 

Referente al robo de los 7.200 millones de dólares americanos, Escalona manifestó: “Al menos durante una década, R. Allen Stanford y sus cómplices perpetraron un esquema masivo tipo Ponzi a través de la venta de certificados de depósito (CDs) emitidos por el Stanford International Bank Limited (SIBL). De los 7.200 millones de dólares americanos defraudados,  más del 78% era capital extranjero (no estadounidense), que llegó a Estados Unidos a dinamizar su deprimida economía y a crear numerosos puestos de trabajo”. 

Referente al perfil de las víctimas latinoamericanas, Escalona explicó: “La gran mayoría de los afectados latinoamericanos son personas honestas, muchos ancianos y/o enfermos, en situación de retiro; quienes para preservar su patrimonio de las devaluaciones, de la inflación y de las decisiones arbitrarias de las autoridades que les gobiernan, vendieron sus propiedades y junto con sus ahorros, aperturaron certificados de depósito para asegurarse una renta mensual que les cubriera sus gastos médicos y de manutención. De los 27.992 clientes distribuídos en 113 países alrededores del mundo,  más del 84% son víctimas extranjeras (no estadounidenses)”. 

Referente al Stanford International Bank Limited (SIBL), Escalona dijo: “Aunque el SIBL tenía su domicilio en St. John’s – Antigua, las operaciones eran controladas y administradas en los Estados Unidos por ciudadanos estadounidenses, sujetos a la jurisdicción de los tribunales de los EE.UU.”. 

Referente a la legalidad de los certificados de depósito (CDs), el Líder de la Coalición explicó: “A las 27.992 víctimas de Stanford nos robaron nuestros ahorros a través de un mismo instrumento financiero: certificados de depósito (CDs) emitidos por el SIBL domiciliado en Antigua. El SIBL vendió los CDs a los inversionistas en los EE.UU. exclusivamente a través de los asesores del Stanford Group Company de conformidad con una colocación privada, en virtud del Reglamento “D”. El SIBL presentó estos Formularios “D” ante la SEC. En tal sentido los asesores financieros hicieron uso de la legitimidad ofrecida por las regulaciones estadounidenses para incentivar la venta de los CDs en todo el mundo”.

En cuanto al SIBL y la Ley de Empresas de Inversiones, la Coalición Víctimas de Stanford América Latina se pregunta: “¿Cómo la SEC permitió efectuar la oferta pública de los CDs mediante el uso del correo y de otros instrumentos de comercio interestatal, si el SIBL como emisor de los CDs no estaba registrado de conformidad con las leyes aplicadas a un país extranjero? (Ley de Empresas de Inversiones)”.

Este documento de la Coalición Víctimas de Stanford América Latina, enviado a 71 Legisladores del Congreso de los Estados Unidos finaliza haciendo las siguientes consideraciones:

Que el Gobierno Norteamericano fué cómplice necesario en la perpetración de este fraude piramidal. Sus ineficientes y/o negligentes organismos regulatorios tales como la SEC (Securities and Exchange Commission), FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), SIPC (Securities Investor Protection Corporation), el Departamento del Tesoro, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y decenas de entidades estatales reguladoras de títulos y banca entre otros; desestimaron las quejas, que a partir del año 2001 comenzaron a formular empleados de Stanford advirtiendo de este esquema Ponzi  que le ha arruinado la vida a miles de familias alrededor del mundo. 

Que R. Allen Stanford pudo mantener sus negocios fraudulentos gracias a la diligente actuación de un grupo significativo de inescrupulosos Congresistas norteamericanos, que lograron bloquear leyes financieras que hubiesen puesto al descubierto las estafas de Stanford.

Que el Gobierno norteamericano a través del Departamento de Justicia (DOJ) y sus agencias conexas, irresponsablemente no accionó en contra de R. Allen Stanford y sus negocios, a pesar de existir por más de una década, fundadas sospechas acerca de su actuación criminal.

Escalona concluye diciendo “El Gobierno de los Estados Unidos tiene que dar la cara y asumir su responsabilidad ante las víctimas latinoamericanas, restituyéndoles de inmediato el patrimonio que les fué robado”.

Contacto:

Jaime R. Escalona

Líder Coalición Victimas de Stanford

América Latina

E-mail: jaenrodes@gmail.com ; victimasdestanford@gmail.com

Teléfono: (512) 377-9255